Como la mayoría de la gente sabe, la Ley CARES se aprobó en marzo de este año para aliviar o mitigar el daño económico causado por Covid 19. Esa ley creó ciertos beneficios financieros para las personas los cuales podrían afectar a los deudores o posibles deudores en los capítulos 7 y 13.
En un caso de bancarrota, todos los ingresos y activos deben ser revelados a la corte. Sin embargo, la Ley CARES excluyó específicamente el pago de estímulo de ser considerado como ingreso mensual actual. Además, la Ley establece que los pagos relacionados con la pandemia tampoco se considerarán ingresos disponibles. Esto significa que cualquier pago bajo la Ley CARES no se consideraría para determinar la elegibilidad para declararse en quiebra o para calcular lo que el deudor tendría que pagar a los acreedores.
La Ley CARES creó un derecho legal para que muchas personas reciban al menos $ 1200. Este derecho es una asistencia que normalmente tendría que divulgarse y posiblemente entregarse al Fiduciario en beneficio de los acreedores. Esto también ha visto un cambio. La Oficina del Fideicomisario de los Estados Unidos emitió una declaración que indicaba que los pagos de estímulo no serían administrados por los Fiduciarios con base en la intención de la Ley, y además pueden estar protegidos y exentos bajo exenciones de apoyo público. En resumen, cualquiera que se declare en bancarrota podrá conservar sus fondos de estímulo.
Un cambio adicional que tiene la Ley CARES sobre bancarrota es específico del Capítulo 7. Según el Código de bancarrota actual, los planes del Capítulo 13 están limitados a 5 años en ausencia de circunstancias extraordinarias. Según el lenguaje de la Ley, los casos del Capítulo 13 podrían extenderse hasta 7 años debido al impacto financiero que Covid 19 ha tenido en la economía. Por lo tanto, los casos que se confirmaron antes de la fecha en que se aprobó la Ley CARES, podrían extenderse hasta 24 meses más de lo permitido en general si la pandemia de Covid 19 causó al Deudor una dificultad financiera material.
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Las disposiciones de la Ley se limitan al uso o la implementación durante un año a partir de la promulgación de la Ley. Y, aunque puede haber alguna disputa sobre lo que es una dificultad financiera material, la Ley CARES busca reducir el impacto que Covid 19 tiene en el proceso de bancarrota.
